Reparar daño más que cárcel: Odracir

2017-09-11


 

*70% de denuncias, administrativas o chismes

*“Si hay autonomía” en Fiscalía Anticorrupción

*Ninguna petición del Ejecutivo, Odracir Espinoza

 

 

Fueron tan altas las expectativas, originadas por los mismos funcionarios actuales y la intensa campaña del PRI respecto a supuestos actos de corrupción en la administración gubernamental anterior, que para muchos ciudadanos es poco lo que se ha hecho en la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se han asegurado bienes por más de 400 millones de pesos y, sobre todo, se ha inhibido el delito de los presentes servidores públicos.

 

Con intención, o por desconocimiento, el hablar de observaciones o irregularidades en el manejo de los recursos públicos, se ha tomado como sinónimo de delito grave, cuando en realidad son anomalías que casi siempre están en lo administrativo y se pueden solventar.

 

A casi dos años de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, como uno de los principales compromisos de Claudia Pavlovich en su campaña electoral (se instaló el 28 de septiembre de 2015, a unos días de asumir el cargo de Gobernadora), se han presentado 411 denuncias y el 70 por ciento de ellas han quedado en el ámbito administrativo o en la “chismología” (como el de la Casa Blanca, en la Joya, atribuida su propiedad al ex titular de hacienda en la administración de Guillermo Padrés).

 

Todo lo anterior se deduce de la larga conversación que sostuvimos con el titular de la fiscalía, licenciado Odracir Espinoza, los columnistas integrantes del Grupo Compacto: Feliciano Guirado, Ernesto Gutiérrez, Martín Romo, Rafael Cano, Soledad Durazo, Cristina Gómez, Daniel Sánchez, Sergio Valle, Javier Ruíz Quirrín y quien esto escribe.

 

Odracir, joven abogado (35 años) egresado de la Universidad de Sonora, con maestría en derecho y prestigio como litigante, afirma estar satisfecho con los resultados porque las cosas se están haciendo bien, no obstante, por razones técnicas jurídicas, no con la rapidez que el ciudadano desea.

 

La complicidad de la información (como solicitarla al sistema nacional bancario, el cual tarde meses, hasta tres, en responder), la descarga de pruebas, etc., originan que un proceso se lleve varios meses, un año o más.

 

Odracir recuerda que inició de “cero”, tuvo que integrar con mucha precaución un equipo técnico, especializado, con gente de fuera, que no tuviera vínculos con nadie de aquí, del estado.

 

“Fue una etapa, la de conformación del equipo, muy complicada, porque a la vez habría que responder a las expectativas de la sociedad”.

 

“Ahora estamos bien, tan bien que somos modelo a nivel nacional; contamos con personal especializado en asuntos contables, financieros. Normalmente los actos de corrupción se sustentan en operaciones administrativas”.

 

““Toda la gente que se seleccionó fue tomando en cuenta el perfil personal, lo más limpio posible…”

 

¿Metería las manos a la lumbre por su personal?

 

“Avalo su preparación y su trabajo de dos años…quien no de resultados se va; ya se han ido 10”.

 

¿Y de los movimientos de personal, 20, que se habló el (lunes)?

 

Es personal, informó, que se trasladó a Obregón, Nogales, Guaymas y otro será enviado a Navojoa. “Cuesta mucho los traslados a esos lugares”, y por tanto es mejor que estén ahí.

 

En la Fiscalía laboran 88 personas, incluyendo esos 20, más 8 comisionados de la AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado). Es decir un total de 96, con un presupuesto anual de 70 millones de pesos, de los cuales alrededor de 36 mdp se destinan a nómina.

 

CORRUPCIÓN DE ANTERIOR ADMINISTRACIÓN

 

Desde luego no podía pasarse el tema de la mencionada y reiterada supuesta corrupción en la anterior administración gubernamental encabezada por el panista Guillermo Padrés, actualmente en prisión.

 

La Fiscalía, dijo Odracir Espinoza, sí colaboró en las investigaciones de la PGR respecto a supuestos delitos, pero los asuntos de recursos públicos federales, delincuencia organizada y dinero ilícitos son temas de la PGR.

 

Cuando hay vínculos de delincuencia en lo estatal con la federal, la PGR atrae la investigación, como fue el caso de Padrés.

 

De las 411 denuncias, en lo estatal y municipal, y presentadas por funcionarios actuales o ciudadanos, el 70% quedaron en el ámbito administrativo o en “chismografía”.

 

Son 40 expedientes que la Fiscalía declaró de incompetencia, entre ellos el Padrés, de exfuncionarios estatales y  municipales.

 

Curiosamente, en el área donde mayor recurso público se ejerce (la obra pública, Sidur) únicamente hubo dos denuncias.

 

“Es obvio, destacó, que el dinero no lo toman del presupuesto”.

 

La corrupción no se gesta en el servicio público sino en las redes de complicidad con el sector privado. Y puso varios ejemplos, como los acuerdos que pueden tomar varios constructores para presentar presupuestos en una licitación. Dos pueden presentarlo alto para que el tercero gane, pero a la siguiente es otro el beneficiado.

 

El Fiscal recalca, y tiene razón, que una observación en la Cuenta Pública no necesariamente es un robo.

 

Muchas de las denuncias solo fueron presunción, “presunción de que se robaron”, incluso en numerosos casos ni los funcionarios lo han probado, a la fecha.

 

Es evidente, como se usa en una precampaña y una campaña electoral, que cualquier error o supuesto error de una administración de gobierno sea utilizada por el partido opositor para mancharle su imagen buscando restarle votos. No es nada nuevo. Siempre ha sido así.

 

Por eso, Odracir Espinoza comenta del programa “Atención Temprana”, donde un agente del ministerio público analizará y dictaminará si la denuncia sigue a la Fiscalía Anticorrupción o se turna a lo administrativo (a la Contraloría que dirige Miguel ángel Murillo).

 

Eso sin duda, además de evitar una pérdida de tiempo, impedirá que partidos políticos saquen ganancia electoral a través de las calumnias. Buena medida del Fiscal Anticorrupción.

 

Pero no crea usted que todas las denuncias han sido en contra de quienes laboraron en la anterior administración, no, también hay 12 de los actuales. Una ya conocida, la del Registro Civil, otra en contra de la Secretaría de Gobierno y las demás en municipios (Nogales, Agua Prieta, Obregón y una en Hermosillo). Por razones lógicas no se hace pública la información. Están en proceso de investigación. Esas denuncias fueron presentadas 10 por ciudadanos y dos por funcionarios del Estado.

 

La nueva justicia busca más que meterlos a la cárcel que paguen los daños causado al patrimonio de la sociedad. (En prisión cuesta 320 pesos diarios cada interno).

 

Hay 36 consignados, aunque estén en libertad por el pago de fianza (110 millones en conjunto), todos vinculados a proceso. Y están en libertad porque los delitos no son considerados graves, entre ellos el de peculado y enriquecimiento, salvo cuando están ligados a delincuencia organizada.

 

De cualquier manera, hay 400 millones de pesos asegurados en bienes, lo cual significa que cuando haya sentencia y si se determina la existencia de responsabilidad, el Estado podrá recuperar ese dinero. Entre esos bienes se encuentra el rancho del ex Gobernador Padrés.

 

HAY RESPETO DEL EJECUTIVO

 

Odracir Espinoza afirma que sí hay autonomía en la Fiscalía y que nunca ha recibido ninguna “recomendación del Ejecutivo”.

 

“Sí hay una verdadera autonomía, hasta ahora no he recibido ninguna petición del Ejecutivo”.  Y agrega que la Gobernadora cuando la encuentra siempre le dice lo mismo: “sigan haciendo su trabajo”.

 

¿Hay algo por lo que renunciaría?

 

“El no hacer mi trabajo correctamente. Si me pidieran eso, renunció”.

 

¿Lo han amenazado?

 

“Sí, sí he recibido amenazas”.

 

¿Y no teme?

 

“No, si temiera no habría aceptado el cargo desde un principio”.

 

Para el Fiscal algo importante que se ha logrado es la inhibición, y coincido con él, porque ha surgido el temor en los servidores públicos de ser citados a la Fiscalía.

 

Al final de cuentas ¿de qué vive el político?, pues de la imagen y eso, es lo que más cuida, dice Odracir, quien estará en el cargo hasta el 2022, para luego regresar, según lo asegura, a su despacho, al litigio, a la academia. 

 Y sin duda también quiere hacer un buen papel para continuar con el prestigio ganado en su actividad profesional. 

Interesante conversación y una realidad: sí hubo irregularidades en la administración anterior pero también mucha exageración, al menos es mi percepción porque es poco lo que han podido sustentar. 

Absurdo que alguien hable de 50 mil millones de pesos de desfalco cuando el presupuesto del Estado apenas rebasa esa cantidad en 12 meses.

 

Esperemos mejor la sentencia de los jueces. Algún día llegará. La Fiscalía está haciendo su chamba.