La crisis de violencia en Sonora

2019-08-12

En retrospectiva, después de que el ex presidente de la república, Felipe Calderón, le declarara la guerra al narcotráfico los índices de violencia se fueron por lo alto en todo el país, dando puerta abierta a una era bélica comparable con los tiempos de la revolución.


De algún modo, teníamos la esperanza de que con el paso de los años estas condiciones de inseguridad fueran disminuyendo progresivamente con la disolución de los cárteles, o cuando menos su influencia en las cúpulas de poder, pero no ha sido así.


Las estadísticas siguen siendo alarmantes hasta el día de hoy y lo único que ha disminuido han sido nuestra sensibilidad y preocupación porque la violencia se ha ganado un espacio en nuestro día a día a grado que podemos afirmar que nos acostumbramos. 


¿Cuál síndrome de Estocolmo? los mexicanos somos rehenes comprensivos de la narcocultura y la violencia. Hasta empatizamos con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, al lamentar que haya sido condenado a cadena perpetua en la corte de Estados Unidos.


A la par de los hechos violentos, crece también la psicosis colectiva. Por lo general, después de un hecho violento empiezan a circular imágenes, audios y videos en redes sociales y aplicaciones de mensajería con supuestas advertencias por parte de miembros de la delincuencia organizada pidiendo a los ciudadanos no salir de sus casas “porque vienen cosas peores”.


En días recientes un sujeto fue asesinado a quemarropa en el Ballpark de Hermosillo, rodeado por civiles e incluso niños. Se maneja la versión de que se trataba de un jefe de plaza, lo que nos hace pensar que habrá represalias y un cambio en la organización en la que trabaja, todo esto se traduce en potenciales actos violentos. 


Entre tanto, vemos a la Gobernadora Claudia Pavlovich profundamente preocupada por el statu quo, pues desde los feminicidios de junio ha desplegado estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno para atacar la violencia e inseguridad, pero hasta ahora parecen ser insuficientes.


Será este próximo martes en Guaymas cuando se realice una reunión del área de seguridad nacional con el gobierno del estado de Sonora, anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del pasado miércoles.


En dicha asamblea presidida por el Secretario Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo se reunirán los Secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina con la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano y alcaldes de Sonora para crear nuevos planes de acción que sirvan para detener la descomunal alza en ejecuciones en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme.



Cajeme, zona de guerra


En Cajeme es donde se ha registrado la mayor cantidad de ejecuciones en lo que va del año. Hasta julio la cifra va en un total de 211 asesinatos (sin considerar los que no se registran) y en lo que va del mes van cinco homicidios dolosos.


Ni con la presencia de Gendarmería Federal, ni con la reciente llegada de elementos de la Guardia Nacional se ha podido frenar la ola de violencia derivada del choque entre los grupos de delincuencia organizada.


El Alcalde Sergio Pablo Mariscal, pareciera encerrarse en una burbuja y pretender que no pasa nada, esperando alguna ayuda divina que le solucione el problema de inseguridad. Hasta ahora no ha planteado una reestructuración en las corporaciones de seguridad o estrategia alguna hacia un intento de cambiar la situación y Cajeme día con día se va situando entre las ciudades más violentas del mundo. 


El Prisma dispersa la luz y revela el espectro de matices de la semana


Espectro Esmeralda-Teal: Recuento de daños, a cinco años del derrame tóxico en el Río Sonora


Precisamente nos encontramos a cinco años fue del ecocidio del Río Sonora, 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se expandieron sobre el arroyo Tinajas y el desemboque del Río Sonora, por negligencia de la empresa minera Grupo México convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en el país, el cual afectó a 22 mil 878 pobladores quienes quedaron sin agua para consumo humano y para sus actividades comerciales, derivando al cierre de 22 pozos.


Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable para uso doméstico. Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a instalar 36 plantas potabilizadoras de agua, (una en cada pueblo afectado). Según habitantes de Ures, Sonora “Pusieron unas cuantas y no funcionan”.


En un reportaje realizado por Animal Político, los pobladores de las comunidades cercanas al río externaron su desconfianza por las condiciones del líquido vital, pues no les da confianza usarla ni para bañarse. 


Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos porque en adultos han aparecido ronchas y picazón en la piel y usarlas para aseo personal de toda la familia sería un lujo, considerando lo que cuesta comprar garrafones de agua purificada. 


De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes acordó que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.


Para hacer llegar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, una herramienta voluntaria y privada donde Grupo México se comprometió a contribuir con 2 mil millones de pesos para la remediación de las consecuencias del siniestro. 


Según la Coordinadora Ejecutiva de PODER (Project On Organizing, Development, Education and Research) Fernanda Hopenhaym, la empresa puso poco más de 1,200 millones de pesos”. El Fideicomiso gastó solamente el 60 % de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación. Tampoco ha habido un seguimiento del mismo.


Grupo México se comprometió a poner 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. Para el 2017 anunció que se construirían nueve. A cinco lejanos años del incidente, encontramos que las únicas funcionales son la de Bacanuchi, Baviácora y Ures.


El fideicomiso sí instaló 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que la idea era almacenar el agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas, cosa que nunca sucedió y ahora están ahí sin uso, como monumentos a la impunidad en el caso.


Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa había acordado construir con el fondo del fideicomiso. Según los pobladores de Ures, solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para atender a los 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y están por cerrarlo.


También las consecuencias han sido catastróficas para la economía. Los rendimientos en las siembras son mucho menores. Nadie quiere comprar productos procedentes de esa área; ni la carne de animales de la región, ni cualquier cosa que sea cosechada en ella.